En un hito histórico para Chile, se ha establecido la primera Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME), presentada por la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, en el Palacio de la Moneda. Conforme a la Ley N° 21.325, esta política fue desarrollada de manera participativa con diversos actores estatales, de la sociedad civil, del sector privado y organismos internacionales.
El objetivo principal de la PNME es fomentar una migración ordenada, segura y regular que contribuya al desarrollo del país, integrando de manera armónica a las personas migrantes según las necesidades territoriales. La política se estructura en 10 ejes temáticos y abarca 28 medidas de aplicación inmediata, junto con proyectos de ley para reformar la legislación migratoria vigente.
Entre las medidas destacadas se encuentra el empadronamiento biométrico para mejorar la identificación de las personas en el territorio, la creación de un Comité Interinstitucional para gestionar expulsiones, y planes para fortalecer las capacidades locales y educativas frente al incremento de migrantes. También se contempla la ampliación de causales de expulsión y prohibición de ingreso, así como procedimientos de protección para menores migrantes sin documentación adecuada.
La PNME rechaza los procesos masivos de regularización del pasado, optando por modalidades específicas y condicionadas para regularizar la situación migratoria. Prioriza la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los migrantes, mientras exige el cumplimiento de las leyes por parte de estos.
Finalmente, la política busca proteger la cohesión social y el bienestar en las zonas receptoras de migrantes, con especial atención a grupos vulnerables como niños, mujeres víctimas de violencia, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de trata. Este marco regulatorio representa un avance significativo para Chile en el manejo integral y ordenado de la migración, destacando mejoras en el control fronterizo y la eficiencia en los trámites migratorios.